Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El caso Cerimedo provocó un nuevo golpe al gobierno de Javier Milei. Mientras intentan despegarse, su caso se suma a una larga lista de hechos de corrupción que incluye vínculos con servicios de inteligencia y expresa la descomposición de la ultraderecha nacional y latinoamericana, mientras crece la bronca contra la motosierra.

Fernando Cerimedo está preso en Bolivia por el intento de femicidio de su pareja, Nadia Beller. Era uno de los principales asesores del presidente ultraderechista boliviano Rodrigo Paz. Cerimedo pasó de manejar un taxi en Mar del Plata a codearse con la primera plana de la ultraderecha latinoamericana y convertirse en uno de sus principales asesores digitales. Junto a Santiago Caputo, fue uno de los organizadores de la campaña digital que llevó a Milei a la presidencia. Luego pasó a armar las estrategias digitales de Jair Bolsonaro y otros sectores de la ultraderecha en el continente.

El intento de femicidio de Beller volvió a poner sobre las cuerdas a Milei y su entorno. Luego de la crisis que provocó el escándalo de corrupción de Manuel Adorni y la derrota política por la caída de la ley de extranjerización de las tierras, el gobierno buscaba retomar la iniciativa. Pero las declaraciones de Nadia Beller volvieron a poner al descubierto a un gobierno que representa lo peor de la política patronal tradicional.

En una entrevista al diario La Nación del 19/08/2026, Beller declaró que Cerimedo le había admitido que el gobierno de Milei tenía “negocios espurios” y que “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune”. Afirmó la veracidad de los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y el involucramiento de Karina Milei en las redes de corrupción con el dinero de discapacidad. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.

Agregó la existencia de un circuito de corrupción transnacional y aseguró que Cerimedo cobraba grandes sumas de dinero “sucio” provenientes del gobierno de Rodrigo Paz para luego lavar esos fondos en Argentina mediante empresas fantasma dedicadas a la publicidad y la construcción. Según Beller, Cerimedo “recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina”. “Él decía que facturaba 800 mil dólares mensuales” (La Nación, 19/08/2026).

También salieron a la luz sus vínculos con servicios de inteligencia y la SIDE a partir de la investigación de la periodista Natalia Volosin, donde el exasesor de Milei aparece en una red de sociedades vinculadas a pesos pesados de la SIDE, la seguridad privada, la energía, los medios y contratos con el Estado. La investigación muestra domicilios compartidos, empresas cruzadas y personas ligadas a Silvia Majdalani, Darío Richarte, Juan José Gallea, Sergio Szpolski, Antonio “Jaime” Stiuso y Enrique Nosiglia.

La punta del iceberg de un gobierno corrupto

Aunque quieran negarlo, Fernando Cerimedo construyó su poder político detrás de las pantallas ligado a la ultraderecha latinoamericana y, en particular, a Milei. Fue uno de los fundadores de La Derecha Diario, concebido como un medio de propaganda de la ultraderecha machista y misógina de la Argentina, y se convirtió en una figura de confianza del poder libertario y de la ultraderecha regional. Desde allí se construyeron las despreciables “fuerzas del cielo” y parte del aparato ideológico desde donde los libertarios impulsan su “batalla cultural”.

Al comienzo del gobierno de Milei, Cerimedo frecuentó la Casa Rosada, ubicó a su esposa, Natalia Basil, en un cargo gerencial en la Andis y, junto a Santiago Caputo, armó la “milicia digital”. Según Clarín, también tuvo un despacho propio e intentó montar una SIDE paralela (Clarín, 20/08/2026).
Su caso muestra que forma parte de una ultraderecha mundial misógina, corrupta y ajustadora, que impulsa discursos de odio y representa lo peor de la política patronal. El intento de femicidio en Santa Cruz de la Sierra refleja la descomposición del entorno de Milei y Rodrigo Paz.

El caso Cerimedo se suma así a una lista de hechos de corrupción. El escándalo de Manuel Adorni, el de la Agencia Nacional de Discapacidad y la causa $LIBRA son solo la punta del iceberg de lo que se esconde detrás de la ultraderecha libertaria.

Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Fernando Cerimedo pasó de manejar un taxi en Mar del Plata a codearse con la primera plana de la ultraderecha latinoamericana. En 2016 fue condenado por estafa y defraudación. Luego se convirtió en empresario y tejió vínculos con figuras de los servicios de inteligencia. Según una investigación de Natalia Volosin, mantuvo relaciones societarias con personas conectadas a integrantes históricos de la SIDE.

Hoy se encuentra en una cárcel VIP en Palmasola, Bolivia, por el intento de femicidio de su pareja Nadia Beller, en un pabellón en el que no comparte espacio con otros reclusos y al que acceden exfuncionarios, policías cesanteados o condenados “con dinero” (Clarín, 24/08/2026).

Era uno de los principales asesores del gobierno ultraderechista de Rodrigo Paz y se encargó de la campaña de trolls y ataques en redes durante la rebelión popular contra el ajuste y la represión. Desde allí tejió vínculos con fuerzas de seguridad, militares y agentes de inteligencia, y formó parte de una red de corrupción transnacional y lavado de dinero que llegaba a la Argentina.

Cerimedo fue asesor de Javier Milei en la campaña que lo llevó a la Presidencia en 2023. Trabajó para Jair Bolsonaro y su hijo Eduardo Bolsonaro en Brasil. Luego del triunfo de Milei, Cerimedo continuó un tiempo más asesorando a los Milei y a los Bolsonaro, y creó empresas mientras lograba afianzar vínculos con el empresario Brad Parscale y con el inversor texano Tim Dunn, ambos cercanos a Donald Trump. También fue contratado por el reaccionario Nasry Asfura, quien ganó las últimas elecciones en Honduras.

El exasesor de Milei consiguió convertirse en socio en Latinoamérica de Brad Parscale, exasesor en redes y tecnología en la primera campaña electoral de Trump. La revista The Economist señaló que Cerimedo era el consultor de MAGA, el eslogan de Donald Trump, en Latinoamérica. En febrero pasado, una organización de la ultraderecha de Estados Unidos le otorgó un premio en una celebración organizada en una residencia del propio Trump en Florida, Mar-a-Lago.

Cerimedo no llegó hasta allí por casualidad. Su historia expone la trama detrás de la ultraderecha de Milei, Bolsonaro, Trump y sus aliados, empresarios, operadores políticos, servicios de inteligencia y ejércitos de trolls al servicio de la motosierra, la corrupción y la represión.

Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista /FIT Unidad

Axel Kicillof viajó a Chaco para seguir tejiendo alianzas de cara a la disputa presidencial de 2027 y a la interna del peronismo, que se recrudece. Pero gobierna la provincia aplicando el ajuste y, de la mano de la burocracia sindical, no es una alternativa para la clase trabajadora frente a la motosierra de Javier Milei.

En tono de campaña electoral, Axel Kicillof viajó a Resistencia, Chaco, para participar de la reasunción de la conducción de la CGT provincial junto al senador y exgobernador Jorge Capitanich y al burócrata de Sanidad y miembro del triunvirato de la central Héctor Daer. Mientras el gobierno de Milei profundiza su ofensiva contra las y los trabajadores, las feministas y la juventud, el gobernador bonaerense intenta construir alianzas para posicionarse como uno de los principales nombres del peronismo para 2027. El cosecretario general de la central chaqueña, Adrián Bellomi, se posicionó en la interna y dijo que “para nosotros, como CGT, consideramos que Kicillof es el futuro presidente de la Argentina”.

Kicillof criticó en su discurso al gobierno de Milei y dijo que “para vencer la clave es construir y abrazar a todos. No hay nada más potente que la militancia peronista”. Pero ¿a quiénes está dispuesto a “abrazar” para llegar al poder? ¿Representa una alternativa frente a la ultraderecha? En primer lugar, la estrategia no tiene nada de nuevo. Es la misma que ya fracasó con el Frente de Todos en 2019, cuando se llamó a unir a los diversos sectores del peronismo y a votar para enfrentar a la derecha de Mauricio Macri. Terminó en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que “no llenó la heladera”, legitimó la vuelta al FMI y fue caldo de cultivo para el surgimiento de la ultraderecha y el posterior triunfo de Milei.

Entre los “destacados” para la alianza, el bonaerense se juega a confirmar su acuerdo con los gobernadores. En mayo, Kicillof firmó un convenio de cooperación con el “caudillo” Gildo Insfrán en Formosa. La “estrategia” tampoco parece muy original. Se trata de reciclar a los mismos dirigentes, las mismas estructuras sindicales, los mismos gobernadores y buena parte de las mismas recetas económicas que ya fracasaron.

La cumbre del peronismo que se realizó semanas atrás profundizó esa lógica. Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se sentaron en una misma mesa para intentar cerrar filas en defensa de las PASO. Participaron también Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Gerardo Zamora. El mensaje fue claro. Hay que empezar a ordenar la tropa de cara a 2027.

La pregunta es inevitable. ¿Una alianza con los gobernadores peronistas que vienen siendo cómplices de los principales ataques a la clase trabajadora y del saqueo de nuestros recursos estratégicos? ¿Una alternativa de la mano de los dirigentes de la traidora CGT? ¿Los mismos que pactan la tregua con el gobierno de Milei y no llaman a un paro general y a un plan de lucha para derrotar la motosierra?

El peronismo no sirve para enfrentar a Milei. Gobernadores como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo fueron centrales en la complicidad con el gobierno. Muchos de sus legisladores le dieron votos fundamentales, desde la Ley de Bases hasta la reforma laboral esclavista. Muchos de ellos integran la Mesa Nacional del Litio y la Mesa del Cobre, desde donde se aplica el plan de saqueo de nuestros recursos para las multinacionales extractivistas.

Además, el peronismo que dirige la CGT no llamó a un paro frente a la bronca y el sentimiento antiimperialista que despertó la bandera desplegada por la selección argentina en defensa de Malvinas y contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su capítulo para la extranjerización de nuestras tierras, que terminó cayendo gracias a la movilización. La central apenas llamó simbólicamente a participar.

En la provincia de Buenos Aires, Kicillof aplica el ajuste manteniendo a la docencia con salarios de miseria, lo que se expresó en la masiva adhesión al paro nacional docente del 3 de agosto. Su gobierno viene de descontar por la adhesión a los paros convocados por la seccional recuperada por el sindicalismo combativo en Suteba La Matanza. 

El martes 25, la bronca se expresó en una masiva movilización por aumento salarial, contra los descuentos, el ataque a las licencias y el vaciamiento del IOMA.

No hay nada nuevo. Kicillof puede reunir gobernadores, dirigentes sindicales, intendentes y sectores de las distintas alas del peronismo, pero no representan una alternativa para la clase trabajadora, las mujeres y disidencias y la juventud. Por eso necesitamos seguir impulsando el FIT Unidad, apoyando las luchas, levantando un programa alternativo, obrero y popular y proponiendo un gobierno de la izquierda y la clase trabajadora.

Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

La foto de Javier Milei con gobernadores “dialoguistas” del PRO, la UCR y el peronismo en Tucumán busca sellar un pacto de complicidad para imponer una nueva tanda de reformas reaccionarias, mientras el Gobierno pagaba más de 4.800 millones de dólares de deuda externa.
 
En su discurso, el presidente fue contundente en su llamado a los gobernadores a “hacer una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”. Enumeró los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”. Mientras el gobierno necesita los votos de diputados, diputadas y senadores ligados a los gobernadores, estos últimos buscan negociar algunas migajas para sus cajas provinciales. El resultado es un pacto de conveniencias mutuas que seguiremos pagando las y los trabajadores.

Entre los cómplices estuvieron presentes gobernadores “dialoguistas” como el santafesino Maximiliano Pullaro, el mendocino Alfredo Cornejo, Ignacio Torres de Chubut, el chaqueño Leandro Zdero, el entrerriano Rogelio Frigerio y el salteño Gustavo Sáenz, entre otros. También participaron mandatarios provinciales del peronismo como el catamarqueño Raúl Jalil, el santiagueño Gerardo Zamora, el riojano Ricardo Quintela y el tucumano Osvaldo Jaldo, además del neuquino Rolando Figueroa, Elías Suárez y hasta la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

El viaje de los gobernadores radicales, del PRO y peronistas a Tucumán fue un “gesto” de gobernabilidad después del derrumbe y la crisis que provocaron Adorni y su cascada.

Pero, sobre todo, fue una muestra del intento de reeditar un nuevo “Pacto de Mayo”, con el que Milei busca garantizar un “blindaje” legislativo para la nueva tanda de reformas. Claro, no es la primera vez, diputados y senadores ligados a  gobernadores como Jalil, Jaldo o Cornejo fueron claves para avanzar en la Ley Bases, el veto a las y los jubilados o la reforma laboral esclavista. Gobernadores que son también parte de la mesa nacional del litio al servicio del saqueo y apoyaron la regresiva modificación de la Ley de Glaciares.  

Ahora, entre las nefastas “iniciativas” sobre la mesa se encuentra Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por Federico Sturzenegger, que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros, limita las expropiaciones, facilita los desalojos y elimina restricciones para cambiar el uso de tierras incendiadas, al servicio de la extranjerización y el remate de nuestras tierras.

Se suman otros proyectos, como la modificación del régimen de Zonas Frías, que significará nuevos tarifazos sobre el pueblo trabajador; la mal llamada Ley de Inocencia Fiscal, a favor del lavado de dinero; y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para prohibir que próximos gobiernos puedan realizar emisión monetaria. El gobierno tiene claro que nada de esto podría avanzar sin acuerdos políticos y la complicidad de los gobernadores. A cambio, los gobernadores buscan negociar algunas migajas. El nuevo Jefe de gabinete Santilli, en línea con Karina Milei, dejó en claro que no hay marcha atrás frente al reclamo de financiamiento para las obras públicas de las provincias, mientras abrió la posibilidad de habilitar partidas en concepto de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN); cancelar deudas, como las que ya se convinieron entre Anses y algunas cajas provinciales de jubilación bajo la mediación de la Corte Suprema; o autorizar endeudamiento o adelantar fondos de la Coparticipación.

Más allá de sus diferencias y matices, existe un acuerdo entre el gobierno de Milei y los gobernadores en torno a un modelo extractivista y al servicio del FMI y el saqueo. Detrás de los gobernadores aparecen los intereses de las petroleras de Vaca Muerta, las mineras del litio, el agronegocio, las constructoras, los bancos y las multinacionales, punto que los une al gobierno nacional.

La imagen de Tucumán mostró que el gobierno teje sus redes de complicidad de la mano de gobernadores de todos los colores políticos, incluido el peronismo, para avanzar con una nueva tanda de reformas contra el pueblo trabajador que tendremos que enfrentar en las calles. En Tucumán no se celebró la independencia. Se firmó un nuevo pacto al servicio del FMI y las multinacionales.

Escribe Mercedes De Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

Milei prepara una reforma político-electoral antidemocrática hecha a la medida de La Libertad Avanza y de los partidos patronales. Aunque desde la Casa Rosada se decidió postergar la discusión para después de julio, ya dejó correr algunos de los ejes de la negociación: eliminar las PASO, suprimir los espacios gratuitos de publicidad electoral y abrir el debate sobre la habilitación de listas colectoras. Pero más allá de estos puntos, advertimos que el proyecto va más allá y busca modificar leyes que regulan la existencia, funcionamiento y financiamiento de los partidos en un claro intento de proscripción de las minorías y en particular a la izquierda en un contexto dónde viene creciendo la simpatía hacia la figura del Myram Bregman y el FIT Unidad. Este tipo de reformas antidemocráticas es parte del programa de la ultraderecha mundial como está intentando implementar Trump en los Estados Unidos para manipular las elecciones ante el crecimiento del repudio popular.

El Gobierno insiste con eliminar las PASO, aunque por ahora la resistencia del PRO y la UCR lo empuja a negociar una nueva suspensión y comenzó a circular la posibilidad de habilitar listas colectoras, lo que permitiría a gobernadores y fuerzas provinciales llevar el mismo candidato presidencial en distintas boletas locales, facilitando acuerdos electorales que serían claves en un momento de crecimiento de la bronca hacia el gobierno pero también la oposición patronal, con el fin de construir una estrategia electoral para “sumar” votos para una posible reelección de Milei.

A la vez, el Gobierno pretende eliminar el financiamiento público para las campañas y los espacios gratuitos en radio y televisión, mientras habilita un aumento extraordinario de los aportes privados. Esta reforma implica un ataque antidemocrático para los partidos más pequeños y en particular para la izquierda, para quienes se volverá prácticamente imposible acceder a espacios en radio y televisión por sus costos multimillonarios y por lo tanto difundir nuestro programa y propuestas para salir de la crisis. El objetivo está a la vista: fortalecer a las fuerzas sostenidas por empresarios y grupos económicos y asfixiar económicamente a quienes, como la izquierda, se financian con el aporte militante y rechazan recibir dinero del gran capital es decir la privatización de la política al estilo norteamericano.

Pero no termina allí. La reforma de Milei busca endurecer fuertemente los requisitos para obtener y conservar la personería de los partidos políticos y eleva la cantidad de afiliados exigidos para obtener la personería jurídica, por ejemplo en distritos como Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires o CABA pasaría de 4 mil a 10 mil. Duplica la cantidad de legalidades de distritos para ser reconocido como partido nacional, pasando de las cinco actuales a diez, sin lo cual no se podría presentar candidaturas para la fórmula presidencial e incrementa los pisos electorales para mantener la personería de elección a elección.

Con todas estas medidas buscan favorecer a los partidos patronales e intentar cercenar la posibilidad de continuar teniendo representación parlamentaria a quienes representamos los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y disidencias y la juventud desde el FIT Unidad. Rechazamos cualquier intento de reforma antidemocrática y llamamos a realizar todas las acciones necesarias para impedir estas medidas proscriptivas como lo va a hacer el FIT Unidad.