Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Negar la violencia de género, eliminar las políticas de prevención, esbozar discursos contra el feminismo, intentar quitar la categoría de femicidios del Código Penal, atacar a las madres protectoras, hablar de “falsas denuncias”, retroalimentan un clima de violencia y hostilidad hacia mujeres y disidencias. Es el sostén del crecimiento de la violencia machista que tiene su máxima expresión en los femicidios. Y en este escenario de violencia patriarcal hay res¬ponsables políticos: Milei y sus cómplices.

A once años del primer #NiUnaMenos volvemos a discutir las responsabilidades políticas de que en el país vanguardia de lucha feminista tengamos una femicidio cada treinta horas. En estos once años contabilizamos 3.424 femicidios que se dieron bajo todos los gobiernos pero¬nistas, del PRO y ahora con la ultraderecha. El flagelo de la violencia machista es producto de un sistema capitalista pa¬triarcal y que sólo terminará con una sociedad libre de opresión y explotación. Pero esto no quita que hoy bajo el gobierno negacionista de Milei la violencia de género se recrudece y que los nú¬meros de femicidios y tentativa de femicidios no están bajando, sino que crecen.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, avanzó con el cierre de organismos como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la eliminación de programas vinculados a políticas de género, a los que calificó como “ideológicos”. Este año las pocas políticas para combatir la violencia fueron borradas de un plumazo: El Programa Acompañar, destinado a mujeres en situación de violencia de alto riesgo, no tiene asignación presupuestaria, mientras que la Línea 144, principal canal de atención para víctimas de violencia de género, registró fuertes recortes y pérdida de personal. Lo mismo ocurrió con el financiamiento para la Ley Educación Sexual Integral (ESI) y el programa de salud sexual y reproductiva y el plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) y podríamos seguir contando.

Mientras la motosierra avanzaba contra las insuficientes políticas para prevenir la violencia de género, Milei impulsa un discurso negacionista y de odio. En 2025 en Davos dijo que “llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio” y que el feminismo “era un cáncer que había que exterminar.”

Un negacionismo que se convirtió en política de estado: Milei, Bullrich, Cúneo Libarona, Adorni y otros funcionarios impulsan un discurso dónde hablan de “homicidio de mujeres” al referirse a los femicidios y de una supuesta epidemia de “falsas denuncias” como parte de su “batalla cultural” que tiene consecuencias: Según el Observatorio “Mujeres, disidencias, derechos” solo el 9% de las víctimas del 2026 denunció a su agresor previamente, cuando el promedio desde 2015 fue del 17%.

Los femicidios no son crímenes pasionales, no son homicidios comunes, ni los femicidas son monstruos aislados, ni casos excepcionales. Son crímenes políticos porque disciplinan, generan miedo, condicionan la libertad de mujeres y disidencias. El recrudecimiento de la violencia machista se ampara en el desmantelamiento y la desprotección de quienes la sufren y envalentona a violentos y abusadores. Cuando el negacionismo se vuelve política de estado las calles son el escenario para salir masivamente a para decir: #NiUnaMenos. Vivas y Libres nos queremos. El gobierno es responsable.

Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

A la Marcha Federal le siguieron los nuevos paros docentes y no docentes y la toma de los colegios preuniversitarios de la UBA, Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. El camino es continuar y profundizar la movilización. Mientras tanto, sin ningún mandato de nadie, los rectores del CIN buscan “negociar” con el gobierno. 

La masividad de la cuarta Marcha Federal Universitaria fortaleció la lucha contra el gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la pelea continúa. La docencia universitaria paró masivamente del 26 al 30 de mayo, convocada por las federaciones de Conadu Histórica y Conadu. En la misma semana, Fatun llevó adelante un paro nacional de 24 horas. Tenemos que seguir este camino: el de los paros masivos y la organización hasta que se aplique la ley, porque se le puede torcer el brazo al gobierno ultraderechista. No podemos aceptar migajas como busca el gobierno negociar con los rectores y las conducciones sindicales. 

El paro docente fue acompañado por las tomas estudiantiles de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, que tuvieron un importante impacto y mostraron a una juventud que lucha en defensa de la educación pública. Es que allí la situación es crítica: las y los docentes cobran un 30% menos que los ya miserables sueldos de la docencia de nivel medio de CABA y, desde que asumió el facho de Milei, renunciaron 260 personas a sus cargos.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se mantiene un paro indeterminado desde el 16 de marzo, que compromete el cuatrimestre de algunas materias y carreras, como Ciencias de la Computación. Es una huelga que tiene como protagonistas tanto a las y los trabajadores como a estudiantes, ante el ataque al Conicet y a la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT), que profundiza día a día el cientificidio. En esa facultad ya renunciaron 438 docentes e investigadores.

Desde el punto vista judicial, dos fallos obligan al gobierno a cumplir con la ley, frente a lo que Milei presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema para suspenderla que, procedimentalmente, no tiene plazo para expedirse. Táctica con la que busca dilatar la aplicación y conseguir un acuerdo por arriba para cerrar el conflicto. 

En este contexto,  funcionarios del gobierno y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comenzaron a negociar a espaldas de docentes, no docentes y estudiantes, para llegar a “un acuerdo razonable”. Desde el CIN dijeron: “Vamos a escuchar toda propuesta razonable que empiece realmente a recomponer la situación y que empiece a cumplir lo que la ley establece” (Página 12) y que “los sindicatos docentes y no docentes universitarios conocen la oferta y estarían dispuestos a firmar un acuerdo” (La Nación, 02/06/26). Pero, ¿Cuál es la propuesta “razonable” del gobierno? La oferta del Subsecretario de Políticas Universitarias es un aumento salarial del 24%, ¡Menos de la mitad de lo que deberían pagar por ley! 

Encima, en la reunión que se hizo entre los funcionarios de Milei y los rectores del CIN, los primeros exigieron que previo a cualquier acuerdo, los rectores retiren la demanda legal de cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Una auténtica provocación que cortó, por ahora, las negociaciones. 
Somos claros: no podemos confiar en los rectores ni en las conducciones de las federaciones. No se trata de “negociar” o “llegar a un acuerdo razonable” con un gobierno que está en la completa ilegalidad y quiere destruir la educación pública.

Tenemos que seguir profundizando el plan de lucha, porque tenemos el apoyo social para ganar y lograr que se aplique la ley tal cual fue votada cuatro veces. Exigimos el 52% de recomposición salarial que nos deben para las y los trabajadores universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales.

La universidad pública no se vende, se defiende. Ni un paso atrás.

Este miércoles 3 de junio salimos a las calles contra la violencia de género y los femicidios en todo el país. En CABA la concentración es a las 17 horas en Congreso.

Mercedes de Mendieta, dirigenta de la agrupación feminista “Isadora” y diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad, dijo: “Once años después del primer #NiUnaMenos, seguimos reclamando que paren de matarnos. Desde 2015 hubo más de 3.000 femicidios y ya son más de 100 en lo que va de 2026. Mientras tanto, el presidente Javier Milei y los gobernadores desmantelan las políticas de prevención, vacían los programas de asistencia y promueven una reaccionaria ley de ‘falsas denuncias’ que amenaza y persigue a las víctimas que denuncien violencia de género y abuso.”

Por su parte la legisladora de Córdoba Noelia Agüero (Izquierda Socialista/FIT Unidad) agregó: “El femicidio de Agostina Vega deja en evidencia las consecuencias del desmantelamiento de las políticas de género, la responsabilidad de los gobiernos y el carácter patriarcal del poder judicial. Por eso, desde la banca de Izquierda Socialista/FIT Unidad en la legislatura de Córdoba hicimos el pedido de Jury al fiscal Raúl Garzón y exigimos la renuncia del ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros”.

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El gobierno de Javier Milei, a través de la senadora santafesina de la UCR Carolina Losada, quiere avanzar con su proyecto reaccionario de aumentar las penas por denuncias falsas, llevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando involucren situaciones vinculadas a violencia de género o abuso sexual.

Mercedes de Mendieta, dirigenta de la agrupación feminista “Isadora” y diputada nacional (electa) de Izquierda Socialista/FIT Unidad, dijo: “Los datos matan el relato reaccionario de Milei y sus cómplices. Según datos del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos en Argentina entre 2023 y 2025, apenas el 0,09% corresponden a denuncias falsas y del total el 86% no están vinculadas a violencia de género ni abusos sexuales, sino a conflictos patrimoniales, laborales o vecinales. Con esto buscan desalentar las denuncias de violencia de género y abusos en niñas, niños y adolescentes, a favor de la impunidad y desacreditar la palabra de la víctima alentando estereotipos de género con campañas mentirosas”.

De Mendieta finalizó: “Lo que existe es una campaña reaccionaria impulsada por este gobierno ultraderechista y misógino para instalar la mentirosa idea de una ‘epidemia de falsas denuncias’. Pero es al revés de lo que dice el gobierno y sus cómplices, solo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia de género buscó ayuda o denunció y sólo el 10% cuando se trata de violencia sexual. Lo que hace falta son medidas concretas para facilitar las denuncias, protegiendo a las víctimas, no cuestionarlas, perseguir y desalentar a quienes se animan a denunciar”

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Foto de portada: Arriba, Javier Milei, Kristalina Gueorguieva, Luis Caputo
Abajo, algunas imágenes de la masiva cuarta Marcha Federal en defensa de la universidad pública


Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El día previo a la cuarta Marcha Federal Universitaria, el gobierno de Javier Milei, en un acto de total provocación, recortó 2,5 billones de pesos del presupuesto, afectando directamente a la educación y la salud públicas.

Faltaban apenas horas para que más de un millón y medio de personas se movilizaran en todo el país en defensa de las universidades, cuando se conoció la decisión administrativa 20/2026, que aplicó un recorte de 2,5 billones de pesos sobre partidas destinadas a educación y salud. La medida fue firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis  Caputo, nada menos que a un mes de la última “revisión técnica” del FMI sobre las metas de “superávit” que el gobierno debe cumplir durante 2026, equivalentes al 1,4% del PBI.

El recorte no solo fue un gesto político provocador contra quienes defendemos la universidad pública, sino que además demuestra que Milei tiene un problema: el cumplimiento de las metas de superávit para pagar la deuda externa peligra como consecuencia de la caída de la recaudación, agravada por la crisis económica, que todo indica que seguirá profundizándose. Por eso, el ajuste fue también un claro guiño al FMI para que desembolse los mil millones de dólares que aún restan del acuerdo firmado en 2025 y que el gobierno necesita para afrontar los vencimientos de deuda de julio, por 4.500 millones de dólares.

La educación y la salud públicas están en peligro de extinción

Tenemos que tomar dimensión del ataque. Al gobierno no le bastó con impulsar el presupuesto más bajo de las últimas décadas para salud y educación, sino que ahora recorta incluso las insuficientes partidas destinadas a garantizar ambos derechos, mientras se multiplican los cierres de fábricas, crecen el desempleo, la precarización laboral y el endeudamiento de la clase trabajadora, cuyo único objetivo es poder subsistir.

El recorte equivale al 1,6% del presupuesto nacional y fue posible gracias a la “regla fiscal” que Milei introdujo para poder ajustar partidas de educación y salud en el presupuesto 2026. Las universidades nacionales volvieron a quedar en la mira: la motosierra redujo más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura y obras en trece instituciones. Entre las más afectadas aparecen la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Pero el ataque alcanzó a todos los niveles educativos. La poda más brutal impactó sobre el Plan Nacional de Alfabetización, la infraestructura escolar y el equipamiento educativo. A esto se suma la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, que ayudaba a equiparar salarios mínimos entre provincias. Las becas estudiantiles tampoco se salvaron: el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas sufrió un ajuste de más de 6.600 millones de pesos.

La otra cara del ajuste golpea a la salud pública. El médico infectólogo y director ejecutivo de Fundación Huésped, Leandro Cahn, advirtió en Página/12 del 17 de mayo que el recorte en salud alcanzó los 63 mil millones de pesos, aproximadamente el 2% del presupuesto nacional de 2026. El programa de VIH perdió 800 millones de pesos y el área de prevención y control de enfermedades endémicas, como dengue, chagas, hantavirus y fiebre hemorrágica, sufrió otro recorte de 100 millones.

Estos ajustes profundizan la crítica situación sanitaria que venimos denunciando desde 2025. No hay que olvidar que, según datos oficiales, durante el año pasado el Ministerio de Salud distribuyó apenas 832 preservativos en todo el país. “No falta ningún cero: 832. En la práctica es cero”, advirtió Cahn. Al mismo tiempo, crecieron los diagnósticos de VIH sin que aumentara el testeo, una combinación que anticipa un agravamiento de la crisis sanitaria.

Milei vuelve a demostrar que desprecia la salud y la educación públicas y que su plan apunta a transformar estos derechos en privilegios, sin importar las consecuencias sociales. La motosierra de Milei tiene un único objetivo: cumplir con el FMI y seguir pagando la deuda externa.